La Diputada Daniela Rubio realizó desde la máxima tribuna del estado un pronunciamiento sobre las ultimas resoluciones emitidas por la corte respecto al conflicto que ha vivido el poder legislativo del estado.

En ese sentido la diputada señaló que el ministro instructor que lleva la controversia constitucional 84/2020 interpuesta, por el Señor Gobernador del estado, en contra de actos del poder legislativo, acordó en la queja 3/2020-CC, que el congreso del estado de Baja California Sur cumplió con reanudar la sesión del 17 de marzo de 2020, suspendida por la Diputada Daniela Rubio Avilés, esto obedece al primer incidente con número 1/2020 de esta cadena impugnativa; asimismo, se cumplió con integrar debidamente la legislatura por los 21 diputados que tomamos protesta, el 31 de agosto de 2018.

Aquí recordemos que desde mayo 29 del año 2020, la corte ordenó la reanudación, pero los diputados de morena y Pt hicieron caso omiso, hasta obstruir el acceso a nuestras oficinas con la finalidad de no dar cumplimiento, sin embargo queda claro que desde hace un año la corte hubiera resuelto exactamente lo mismo que en esta ocasión resuelve, es decir, que gracias a la bancada de morena y sus aliados el poder legislativo se paralizo durante un año, el pueblo sudcaliforniano merece que la cuarta transformación le pida una disculpa, manifestó la diputada Rubio Avilés

Ahora bien, al estar integrado debidamente el congreso del estado, hasta apenas el día 15 de marzo de 2021, se deja sin efecto la medida cautelar que tenía el gobernador del estado para publicar o ejercer el derecho de veto a los decretos que emita el congreso del estado, incluidos los decretos aprobados en el periodo en que el congreso funciono de manera irregular.

Es importante señalar que la SCJN no le ordena, ni condena al Gobernador, a publicar actos del congreso, solo levanta la medida cautelar que tenia para no hacerlo, o en su caso emitir el veto constitucional.

Ahora bien, corresponderá al poder ejecutivo decidir qué hará, porque lo cierto es, que apenas se ha resuelto la fase incidental del expediente, falta la sentencia de fondo, que se emita en el expediente principal 84/2020, que se refiere a que la SCJN determine si los actos y decretos que emitió el congreso del estado cuando este funcionó de manera irregular, son constitucional y legalmente validos siendo estos a partir del 6 de marzo de 2020 al 15 de marzo de 2021, mientras no exista esta sentencia de fondo que de certeza, creemos que el ejecutivo no puede pronunciarse en publicar o en su caso vetar, porque se pondría en riesgo nuevamente el orden jurídico del estado. Lo prudente es realizar un llamado respetuoso al Ciudadano Gobernador, para que espere, a que sea emitida la sentencia de fondo.
Cumplidos los extremos de la suspensión otorgada en la controversia 84/2020, lo más seguro es que la SCJN emitirá la sentencia de fondo en breve, y otorgando la razón, de que todos los actos que llevaron a cabo los diputados de morena-pt no se ajustaron a derecho. No podría ser diferente, porque la SCJN desecho cuatro controversias constitucionales y dos quejas, interpuestas por estos diputados de morena, que tenían conexidad con los mismos hechos que motivaron la controversia 84/2020 interpuesta por el Gobernador .

Es imposible que se publiquen decretos, que entre otras cosas:
Fueron aprobados en sesiones ilegalmente convocadas por un grupo de diputados en contravención a la suspensión de actividades legislativas decretadas por una servidora, diputada Daniela Rubio Avilés, el día 17 de marzo de 2020.

Además participaron en su dictaminación y aprobación, ocho diputados suplentes que fueron llamados ilegalmente a sesionar.
Los decretos fueron firmados y remitidos por una mesa directiva integrada ilegalmente, que ya la corte se pronuncio y dijo textual, no acreditaron la personalidad jurídica requerida para interponer controversias.

En el caso específico del Decreto número 2704, aprobado el 31 de marzo de 2020, por el cual se reforma la denominación de la actual Ley Reglamentaria del Poder Legislativo por Ley Orgánica del Poder Legislativo y donde además se reformaron los artículos 2,11, 27, 39, 5 , 64, 67, 73, 75 y 170, el cual se envió para su publicación el 17 de abril de 2020. NO PUEDE SER PUBLICADA, EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR EL RESOLUTIVO DE LA QUEJA 2/2020, QUE NO SOLO SUSPENDIÓ LA SUPUESTA LEY ORGÁNICA, TAMBIÉN SUSPENDIÓ SE EMITIERA SENTENCIA EN LOS JUICIOS POLÍTICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

Por lo que, no puede ser publicada por el Gobernador y muchos menos fundamentar las actividades legislativas y administrativas de este Congreso del Estado, por lo que devienen falsos los dichos del diputado de morena, cuando afirma que ese decreto debe ser publicado por el ejecutivo.
Si bien, ningún poder ejecutivo puede observar la redacción del articulado de las leyes que organicen el funcionamiento interno de los poderes legislativos; si pueden observar y en su caso, vetar los decretos se hayan emitido por violaciones al proceso legislativo del cual emanó.

En el caso del intentona de morena-pt, para reformar la ley reglamentaria y convertirla en orgánica, para además eliminar a las fracciones del pan y pes, y estos no accedieran a la presidencia de la junta de gobierno y coordinación política, además de poder cambiar a su antojo por votación a las comisiones legislativas; se violó el proceso para la emisión de normas, debido a que, se aprobaron cuando existía una suspensión de actividades legislativas, y que ademas participaron ocho diputados suplentes llamados ilegalmente a sesionar y estos decretos fueron firmados y remitidos para su publicación, por una mesa directiva también ilegalmente integrada por la Diputada del PT.

Por lo tanto, estamos convencidos que existen elementos para vetar si fuera el caso, este decreto de la supuesta ley orgánica.

JURISPRUDENCIA:
SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y FINES. La suspensión en controversias constitucionales, aunque con características muy particulares, participa de la naturaleza de las medidas cautelares, por lo que en primer lugar tiene como fin preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente el bien jurídico de que se trate para que la sentencia que, en su caso, declare el derecho de la parte actora, pueda ejecutarse eficaz e íntegramente y, en segundo, tiende a prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en general en tanto se resuelve el juicio principal, vinculando a las autoridades contra las que se concede a cumplirla, en aras de proteger el bien jurídico de que se trate y sujetándolas a un régimen de responsabilidades cuando no la acaten.

Cabe destacar que por lo que respecta a este régimen, la controversia constitucional se instituyó como un medio de defensa entre poderes y órganos de poder, que tiene entre otros fines el bienestar de la persona que se encuentra bajo el imperio de aquéllos, lo que da un carácter particular al régimen de responsabilidades de quienes incumplen con la suspensión decretada, pues no es el interés individual el que se protege con dicha medida cautelar, sino el de la sociedad, como se reconoce en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.