Por Alejandro Barañano

A más de medio año de que estallara el conflicto existente en el Congreso del Estado, generado este por una deficiente interpretación de la normatividad que rige la vida interna del Poder Legislativo, las partes en conflicto están inmersas en un laberinto de suspensiones judiciales, denuncias, acusaciones, agresiones y reyertas, cuando en realidad deberían estar atendiendo a las labores de su encargo legislativo.

Tanto las redes sociales como medios de comunicación son el escenario cotidiano donde se dan señalamientos y acusaciones recíprocas, demostrando con ello que muchos de los diputados locales –en especial los del bloque “golpista”- que no tienen capacidad de gestión, ni perfil político ni vocación de servicio, pues todo indica que sólo atienden a mezquinos intereses personales.

Uno de los grupos en pugna, el mayoritario conformado por los supuestos morenos y la legisladora emanada del Partido del Trabajo, han dejado en claro -ante los ojos de propios y extraños- que requieren asesoría legal adecuada de manera urgente pues se empeñan en seguir en el plano de la ilegalidad.

Y es que a estas alturas del juego esos trece diputados “golpistas” ya deberían de entender que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resuelve conflictos caseros, o no al menos, con celeridad. Bien puede pasar otro medio año más y no habrá poder humano que obligue a los Magistrados a dirimir la contienda, por lo que el pleito y berrinches de los “golpistas” podrá seguir en el limbo indefinidamente.

Lo que deberían de hacer, y me refiero al grupo mayoritario en el Congreso del Estado, – o sea los diputados “golpistas”- es zanjar las diferencias con el grupo minoritario y desistirse de las demandas planteadas ante la justicia federal, pues repito, ante los ojos de propios y extraños demuestran que solo quieren seguir en el plano de la ilegalidad.

El pasado jueves, a eso de las 20:00 horas, en rueda los diputados José Luis Perpuli Drew y Rigoberto Murillo Aguilar, y las diputadas Elizabeth Rocha Torres, Daniela Rubio Avilés, Lorenia Lineth Montaño Ruiz, Perla Guadalupe Flores Leyva, Anita Beltrán Peralta y Maricela Pineda García, dieron cuenta del amparo 492/2020 que interpusieron ante el referido juicio político a la que fueron sometidos por parte de los “golpistas”.
Quien dio lectura a la resolución fue la diputada Daniela Rubio Avilés, revelando que en un término de 24 horas, contadas estas a partir de la resolución recibida, deberían de ser restituidos en sus funciones.

En otras palabras, retrotraer el juicio político 02/2020 ejercido en perjuicio de ellos.
Sin embargo la denominada Comisión Instructora de Juicio Político y los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso del Estado, dijeron que habían dado cumplimiento al requerimiento del Juzgado de Distrito para que se “realicen las gestiones necesarias para que sea revocada la resolución emitida de juicio político 2/2020”, y que se dejaría con ello suspendido el procedimiento hasta antes de la emisión de la sentencia en cumplimiento de la suspensión provisional.

Para esto entregaron un oficio dirigido a la Juez Segundo de Distrito, y con el documento anexo también el oficio dirigido a la Mesa Directiva, asegurando que iniciarían los procedimientos conducentes; pero en realidad el diputado Carlos Van Wormer Ruiz, -presidente de la Comisión Instructora- y la diputada Petra Juárez Maceda -de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia- otra vez mal asesorados incumplieron de nueva cuenta con lo solicitado por la autoridad judicial federal, y en otro más de los muchos berrinche que han mostrado hasta ahora, anunciaron que sería hasta mañana martes cuando ante el Pleno actuarían en consecuencia.
Lo curioso de todo esto es que con tal actitud incurriendo en un claro desacato, pues hicieron caso omiso al ordenamiento del Juez Federal y por ende, incurrieron en total rebeldía, por lo que fueron denunciados en tiempo ante la Fiscalía General de la República.
Lo anterior podría ser histórico, ya que al violentar –como lo hicieron el bloque de diputados “golpistas”- el Artículo 262 de la Ley de Amparo los podría llevar a cárcel, además de quedar inhabilitados y retirados de sus funciones sin Juicio Político previo. ¡Quihubole!

Ojalá entiendan esos diputados de Morena y la legisladora del Partido del Trabajo que sólo se necesita voluntad política, madurez, sensatez, capacidad de diálogo y asesoría legal adecuada para acabar con esto, pues existen muchas ofertas de mediación o en su caso el costo será irreparable; por lo que mejor quien esto escribe seguirá BALCONEANDO. . .