Buró

POR ARIEL VILCHIS

Para los ciudadanos y para la sociedad en general es una pena lo que está ocurriendo en el Congreso del Estado, situación que difícilmente se solucionará con diálogo pues ya se ha sobrepasado cualquier punto de inflexión para regresar el trabajo legislativo al cauce que debería llevar y que no es otro que el de legislar en beneficio de los sudcalifornianos.

Los desaciertos con los que se ha manejado la política al interior del congreso  y que ha derivado en un conflicto que solo se resolverá invariablemente por la vía legal, tienen su origen no en las diversas ideologías o corrientes que convergen en el poder legislativo del estado, sino en algo más mezquino como lo es el hacerse del poder por el simple hecho de ostentarlo para beneficio propio.

Seguramente esta semana se tendrán que dejar atrás los dimes y diretes y tendrá que ser la justicia federal la que ponga orden al desastre bien organizado que los diputados de morena y sus aliados han generado, y es que los tropiezos se han dado uno tras otro cayendo en la ilegalidad; primeramente en aprobar leyes o reglamentos a modo y luego intentando quitar del camino a los diputados que representan a las minorías en el congreso local con un juicio político exprés como distractor de lo que verdaderamente se pretende y que no es otra cosa que el hacerse del control del congreso así como de las comisiones que manejan recursos o control financiero que les retribuya algún beneficio. De ese tamaño es la ambición personal de algunos diputados de morena y por eso mantienen en conflicto al congreso.

De ahí que se haya derivado una denuncia de controversia constitucional por parte del Ejecutivo Estatal y, por otra parte, un juez federal que había concedido una suspensión provisional para que no se dictaminara el juicio político contra ocho diputados. Sin embargo, los diputados de Morena y PT violaron esa orden expresa de la justicia federal, hecho que se consumó el 22 de agosto día en el que se llevó a cabo el juicio político que derivó en la suspensión de 5 diputados y la amonestación de otros 3 diputados.

De tal manera que mientras algunos diputados de morena tienen el sueño guajiro de ser candidatos a alcaldes o incluso algunos sueñan con repetir en el cargo, la realidad los puede rebasar una vez que la justicia federal se pronuncie sobre todo si el proceder de los diputados de morena –que anteriormente se expuso- se tipifica como DESACATO a una resolución de la corte y entonces sí, los diputados de morena tendrán que afrontar las implicaciones jurídicas de sus actos.

Ojalá que los diputados de morena y sus aliados, que en su mayoría llegaron al congreso sin idea del trabajo que debían realizar y tampoco se interesaron por saber pero que se han dedicado a pura grilla, entiendan que vivimos en un estado de derecho donde su actuar poco profesional tiene implicaciones en el trabajo legislativo del cual ya no podrán rendir buenas cuentas por lo que han dejado de aportar para la vida democrática y de legalidad del estado.

En tiempos en que el gobierno federal habla de combatir la corrupción, de cumplir con la legalidad, los diputados de morena en Baja California Sur ya le quedaron a deber a los sudcalifornianos. Ya veremos qué sucede, es mi opinión, al tiempo…

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