Los gobiernos insensibles a las necesidades del pueblo no tienen otro fin más que el desprecio político de la gente, el castigo en las urnas y la condena de la sociedad ante la falta de la más mínima empatía con lo que viven día a día los que menos tienen.

Y es que al hacer un recuento de las obras faraónicas de las administraciones estatales pasadas, aquellas que privilegiaron las políticas neoliberales y los negocios al amparo del poder, nos podemos dar cuenta por qué el retraso y la desigualdad que se vive en el estado.

Una remodelación de la casa de gobierno llamada “El Caimancito” cuyo costo fue superior a los 50 millones de pesos, obra iniciada en la administración de Marcos Covarrubias y concluida en la anterior, dan muestra de que las prioridades estaban en otro lado menos del lado de la gente.

Así como la remodelación del malecón de La Paz, obra insignia de la pasada administración panista y ejecutada por la Administración Portuaria Integral, cuyo costo rebasó los 400 millones de pesos. Quizá remodelar el malecón era necesario pero, según expertos en el tema de construcción, el costo fue excesivo.

Y ni qué decir de lo ostentoso, costoso e incensario gasto en la adquisición de vehículos blindados de los denominados suburban que fueron adquiridos en las administraciones pasadas, así como casas de lujo rentadas para la representación en la ciudad de México o la de San José del Cabo.

Cuántos millones de pesos del presupuesto destinado a la opulencia al mismo tiempo que la gente de Baja California Sur carecía de lo mínimo indispensable. Tan solo en el municipio de Los Cabos 45 mil personas viven en zonas de alto riesgo y el gobierno anterior, en lugar de construir viviendas dignas, le ofreció a la gente cuartos de madera sin baño.  

Sin embargo, hoy vemos un cambio de rumbo. Las decisiones que ha tomado el jefe del ejecutivo estatal, Víctor Castro Cosío, van encaminadas a luchar contra  la desigualdad y el rezago, por una verdadera justicia social.

Lo recaudado por la  renta de El Caimancito -poco más de 6 millones de pesos al año- será destinado a infraestructura en los cinco municipios, iniciando por el municipio de Mulegé.

La venta de la casa de San José del Cabo, una vez que se concrete, será destinada a la construcción de la avenida Tamaral en  Cabo San Lucas.  Y de la subasta de las camionetas de lujo y blindadas, el recurso se utilizará para la compra de ambulancias -cuya necesidad es apremiante-.

Sin duda, se viven tiempos de una verdadera justicia social.

Ya veremos qué sucede.  Es mi opinión.

Colaboración de Ariel Vilchis