POR ARIEL VILCHIS

El proyecto de la nueva desalinizadora para el puerto de Cabo San Lucas, más allá de ser una bandera política, es una gran necesidad que vendría a beneficiar a miles de sanluqueños al acceder al vital líquido. Un proyecto que se ha venido trabajando desde administraciones pasadas y que podría hacerse realidad en los próximos años si se inicia inmediatamente.

La alcaldesa Armida Castro Guzmán ha sido una gran impulsora de dicho proyecto cumpliendo de manera puntual con los trámites institucionales ante el cabildo municipal y la junta de gobierno del organismo operador del agua potable del municipio de Los Cabos. Solo resta un pequeño detalle para que avance el tema de la desaladora y es que se tengan listas las bases para la licitación de la obra publicadas y sobre todo que sea antes del 30 septiembre, fecha en la que vence la prórroga del Fondo Nacional de Infraestructura, de lo contrario el proyecto corre el riesgo de ser cancelado.

Aquí vale la pena hacer un apunte, tanto las autoridades municipales, estatales y federales en todo momento se han pronunciado en diferentes foros a favor de la construcción de una planta desaladora y han trabajado de manera conjunta para logarlo ya que sería una obra de gran impacto social  ante el acelerado  crecimiento poblacional y con ello la demanda de agua en la zona de Cabo San Lucas.

Y entonces, ¿qué estamos esperando? ¡Manos a la obra!

Pues no. También es necesario precisar, apuntar y subrayar que el proyecto se encuentra entrampado nada más y nada menos que por el congreso del estado que vive en su interior conflictos políticos que ahora se dirimen en el terreno de  lo legal.

Los diputados de morena y sus aliados sin partido y del PT mantienen en la ilegalidad el trabajo legislativo pese a que jueces federales y la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se han pronunciado y han pedido a los integrantes del congreso reestablecer a determinada fecha sus sesiones e incluso restituir a diputados que fueron sancionados por un juicio político a todas luces ilegal ya que gozaban del amparo federal. Situación que los diputados de morena han hecho oídos sordos  poniendo en riesgo el proyecto de la desaladora para  el municipio de Los Cabos.

De tal suerte que de no concretarse ese ansiado proyecto o cualquier otro será responsabilidad de los diputados de la actual legislatura, específicamente los de la fracción parlamentaria de morena y sus aliados sin partido y del PT. Ellos y solo ellos tendrán que enfrentar el juicio ciudadano de abandonar la premisa de  cumplir y hacer cumplir las leyes;De no actuar apegados a legalidad, aferrados por caprichos políticos e intereses personales por encima del bien común.

Armida Castro, como autoridad municipal, no ha bajado la guardia. Ha hecho lo que le corresponde para que el proyecto de la nueva desaladora de Cabo San Lucas pueda hacerse realidad y solo espera la publicación del decreto en el boletín oficial.  Por su parte, el ejecutivo estatal ha hecho diversos llamados a que los integrantes del congreso actúen con legalidad, ya que no se puede ni se debe solapar actos ilegales de los cuales ya se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Solo resta esperar que se actúe en apego al estado de derecho, que se pondere el beneficio colectivo por encima de los intereses políticos  personales  y que pueda avanzar el proyecto de la desaladora. Como se dice en el argot futbolero, la pelota está en la cancha del congreso y es una bola caliente. Ya veremos qué sucede, es mi opinión, al tiempo…

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