+ En el caso de gastos en general pasa de casi 400 mil a 197 mil pesos
+ Para Obra Pública se reduce de unos 800 mil a 400 mil
+ La propuesta que presentó el Diputado Ramiro Ruiz buscar que se termine con el amiguismo, el favoritismo y el compadrazgo en los procesos de adquisición en forma directa.

+ No buscamos con esta reforma “paralizar el gobierno, sino hacerlo más eficiente”.
La Paz, Baja California Sur, a 7 de Noviembre de 2019.- Con la finalidad de evitar la discrecionalidad en el gasto en las administración pública estatal y municipales, el Congreso del Estado aprobó este jueves reformas a las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados, en el sentido de reducir en un 50 por ciento el monto que tendrán las instancias públicas para las compras mediante el proceso de asignación directa.
La iniciativa presentada por el Diputado Ramiro Ruiz Flores establece en el caso de las modificaciones a la Ley de Adquisiciones en su Artículo 53 en las compras en general de bienes y servicios que realicen las entidades públicas estatales y municipales, el monto previsto actualmente es de aproximadamente de 400 mil pesos, y con la reforma pasará a 198 mil; en tanto que para lo concerniente a las adquisiciones en forma directa en lo relacionado con la obra pública en la reforma a la Ley en esta materia en su Artículo 40 Fracción primera, el monto se reduce de unos 800 mil pesos a 422 mil pesos.
Al solicitar el voto aprobatorio para el dictamen, el Diputado Ruiz Flores dijo en la tribuna del Congreso del Estado que el espíritu de las modificaciones es para buscar que el gasto público sea más transparente, y que los presupuestos sirvan a la sociedad, desterrando en los procesos administrativos la simulación, el amiguismo y el compadrazgo al momento de efectuar las compras de gobierno, advirtiendo que con esta medida al entrar en vigor no se paralizará el gobierno, sino que se tiene que ser mucho más eficiente en el gasto público.
Enfatizó el legislador que con las reformas aprobadas, las diversas instancias públicas en el Gobierno del Estado y en los ayuntamientos de Baja California Sur tiene que adoptar una racionalidad presupuestal, “ser más eficientes y menos discrecionales al momento de ejercer los presupuestos públicos”.