POR ARIEL VILCHIS

El paro magisterial en Baja California Sur, encabezado por el SNTE que dirige Elmuth Castillo Sandoval, ha puesto en jaque el cierre del ciclo escolar. 

Nadie duda de que las demandas de los maestros —mejores pensiones, servicios médicos dignos y salarios justos— son legítimas. Sin embargo, la forma en que se han llevado a cabo las protestas revela una desconexión preocupante con la realidad de los estudiantes y las familias.

Lo cierto es que bloquear carreteras, cerrar oficinas públicas y suspender clases por semanas no solo presiona a las autoridades, también castiga a quienes menos culpa tienen: los alumnos. 

El derecho a la educación no puede ser rehén de un sindicato que, en su afán de visibilidad, olvida que su misión principal es enseñar. La protesta escalonada se ha convertido en una estrategia de desgaste que erosiona la confianza social en el magisterio.

Por otra parte, el gobernador Víctor Castro Cosío ha mostrado disposición al diálogo, reconociendo la legitimidad de las demandas. Sin embargo, insiste en que los maestros deben regresar a las aulas para no afectar el cierre del ciclo escolar. Elmuth Castillo, en cambio, parece más interesado en mantener la presión que en construir soluciones. La pregunta es inevitable ¿hasta qué punto la defensa de derechos laborales justifica sacrificar el futuro académico de miles de estudiantes?

La educación es un servicio esencial y convertirla en moneda de cambio política es irresponsable. El magisterio debe recordar que su fuerza no radica en paralizar aulas, sino en formar ciudadanos. La crítica es clara, las demandas son justas, pero la estrategia es equivocada. El costo de la intransigencia lo están pagando los estudiantes, y eso es inadmisible.

Ayer marcharon, hoy cerrarán  carreteras y la protesta sigue, igual que miles de estudiantes siguen sin regresar a las aulas. 

Ya veremos qué sucede, es mi opinión, al tiempo…