โข La iniciativa busca continuar la armonizaciรณn con la reforma judicial federal y fortalecer la organizaciรณn y funcionamiento del Poder Judicial del Estado mediante un trabajo interinstitucional entre los poderes Legislativo y Judicial
El diputado Erick Ivan Agundez Cervantes presentรณ ante el Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constituciรณn Polรญtica de Baja California Sur, con el objetivo de continuar la armonizaciรณn legislativa con la reforma al Poder Judicial de la Federaciรณn publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federaciรณn.
La propuesta tambiรฉn plantea modificar diversos artรญculos transitorios del Decreto 3140, publicado el 14 de marzo de 2025 en el Boletรญn Oficial del Gobierno del Estado, mediante el cual se realizaron adecuaciones constitucionales en la entidad para alinearse con la reforma judicial federal.
El legislador explicรณ que la iniciativa deriva de un trabajo interinstitucional entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial del Estado, a partir de un anรกlisis conjunto para revisar y ajustar algunos aspectos de la reforma constitucional previamente aprobada, considerando las particularidades laborales, territoriales, poblacionales e institucionales de Baja California Sur.
Entre los principales planteamientos se propone que el Tribunal Superior de Justicia funcione mediante Salas Unitarias Especializadas por Materia, con el objetivo de fortalecer su operatividad y agilizar la imparticiรณn de justicia.
Asimismo, se establece que cualquier persona o autoridad podrรก denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial posibles faltas administrativas o penales cometidas por personas servidoras pรบblicas del Poder Judicial, fortaleciendo los mecanismos de rendiciรณn de cuentas.
La iniciativa tambiรฉn seรฑala que ninguna persona servidora pรบblica del Poder Judicial podrรก percibir una remuneraciรณn mayor a la del Presidente de la Repรบblica, en apego a lo dispuesto en la reforma constitucional federal.
De igual forma, se considera la implementaciรณn del Cรณdigo Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuyo plazo mรกximo de entrada en vigor en las entidades federativas es el 1 de abril de 2027.
En este contexto, se prevรฉ que, por รบnica ocasiรณn, el Consejo de la Judicatura del Estado pueda designar juezas y jueces en materia de oralidad civil y familiar, quienes permanecerรกn en el cargo hasta que su elecciรณn se realice mediante voto popular en el proceso electoral ordinario de 2027.
La iniciativa tambiรฉn incorpora adecuaciones en materia de lenguaje incluyente y perspectiva de gรฉnero, con el objetivo de armonizar el texto constitucional con los principios de igualdad.
Finalmente, la propuesta fue turnada a la Comisiรณn Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, para su anรกlisis y dictaminaciรณn.
