POR ARIEL VILCHIS

Cuando alguien ve peligro donde no lo hay o cree que hay una conspiración donde tampoco la hay, se dice que ve “moros con tranchetes”. En política también sucede y en el ejercicio de poder público ni se diga, situación que a veces cae en la paranoia. Por ello es que hay que ser sumamente puntuales al momento de señalar actos de gobierno para no caer en la especulación o mal informar.

En el caso concreto del acceso a la información a los actos de gobierno, la ley es sumamente específica y no deja lugar a las dudas en el sentido de su aplicación.

De tal forma que el Comité de Transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Baja California Sur está en todo su derecho de clasificar como reservada la información correspondiente a las auditorías realizadas a la anterior administración (nombre de la empresa, fecha de contratación y forma de contratación para realizar auditoría externa).

Cabe recordar que fue el ejecutivo estatal quien en meses anteriores confirmó la realización de auditorías al gobierno anterior, como parte de lo que se tiene que hacer para conocer cómo se recibió la administración.

En ese sentido, reservar la información de las auditorías ( nombre de la empresa, fecha de contratación y forma de contratación para realizar auditoría externa) mientras no se tiene el resultado final es totalmente comprensible ya que “su divulgación obstruye o puede causar un serio perjuicio a las actividades de fiscalización, verificación, inspección, comprobación y auditoría sobre el cumplimiento de las leyes”, como lo informó el propio comité de transparencia de la secretaría de finanzas del gobierno del estado.

No existe nada extraño en lo anterior, ya que hay información “sensible” que podría crear especulación o noticias falsas, difusión de información no verificada y,  por lo tanto, una cobertura parcial de los hechos puede causar daño al debate público.

Aquí es donde se necesita entender que la información puede ser reservada cuando se comprometa la seguridad pública, esto es, cuando la difusión de la información ponga en peligro la integridad y los derechos de las personas, así como el orden público.

Por lo tanto, en el ejercicio de sus facultades, el Comité de Transparencia de la Secretaría de finanzas no tiene nada que ocultar en el tema de las auditorías externas a la administración anterior y clasificar su información como reservada simplemente obedece a un  tema de cuidar las investigaciones que estén en curso y no abonarle a las especulaciones.

 #AsíLasCosas  Ya veremos qué sucede, es mi opinión, al tiempo…

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