Por Raymundo León

La Paz, BCS.- Desde marzo del 2020 y hasta el 18 mayo del 2021, al menos 1,356 periodistas de 76 países murieron por Covid-19 de acuerdo con estadísticas de la organización Campaña Emblema de Prensa (PEC, por sus siglas en inglés). La India ocupa el primer lugar en este funesto registro con más de 200 periodistas muertos, seguido de varios países de América Latina, Brasil y Perú a la cabeza.

México aparece con 109 decesos por el nuevo coronavirus, entre ellos el de Ezequiel Lizalde Rodríguez, periodista radicado en Baja California Sur que vuelve a visibilizar las precarias condiciones en las que laboran las y los trabajadores de los medios de comunicación en nuestro país.

La Red Baja California Sur de Periodistas, en su momento, pidió a las Secretarías del Trabajo estatal y federal y al Instituto Mexicano del Seguro Social una investigación sobre la muerte del reportero Ezequiel Lizalde, pues advirtieron presuntas negligencias laborales de CPS Media, empresa en la que laboraba.

La Red señaló que la recaída de Ezequiel Lizalde tuvo relación con conductas insensibles empresariales de parte de su empleador, que no permitió un reposo necesario o el trabajo desde casa.

Trabajadores de los medios perdieron la vida obligados a laborar en medio de la pandemia de Covid-19 y otros enfermaron y quedaron con secuelas, aun con el inicio del proceso de inmunización a través de las diversas vacunas autorizadas, que alcanzó a varios sectores de la sociedad catalogados en la primera línea de combate o prioritarios, pero no a los periodistas.

El coronavirus se sumó a la violencia que acecha desde hace décadas a la actividad periodística en México, una violencia que es multifacética, porque va desde la amenaza, el hostigamiento, el acoso, la coacción y el condicionamiento de contratos, hasta los insultos, golpes y el asesinato, de manera que según la organización Artículo 19, en el territorio nacional del año 2,000 a la fecha han sido documentados 138 homicidios de periodistas, 127 hombres y 11 mujeres, el más reciente, el de Benjamín Morales Hernández, director de Noticias “Xonoidag”, ejecutado el 3 de mayo de 2021, en Sonoyta, Sonora.

Son datos duros que hacen visible lo peligroso de una profesión que hoy además es objeto de polémica y ataques, incluso, de la Presidencia de la República, responsabilizando a parte de la prensa de muchos de los males que aquejan al país y de ser cómplices de la corrupción.

Los señalamientos, disfrazados del derecho de réplica, y a veces directos sin una razón aparente, ponen en entredicho la labor periodística de investigación y de denuncia, desde una tribuna que dicho sea de paso no tiene competencia alguna. El problema es que justificado o no el derecho a la réplica de las autoridades no existe, en la mayoría de los casos, la posibilidad de respuesta inmediata, y entonces se abona a la animadversión hacia la actividad periodística y en ocasiones a medios y periodistas en específico, lo que pone en riesgo su patrimonio y su vida.

Las “benditas” redes sociales y “Las Mañaneras” aparecen así como la alternativa del pueblo para conocer la verdad, ante un ejercicio periodístico que es desacreditado un día sí y otro también desde la cúpula del poder.

A las precarias condiciones laborales en las que se desenvuelven la mayoría de los trabajadores de los medios de comunicación, muchos de ellos “free lance” (independientes), quienes trabajan al margen de prestaciones sociales y sin salarios seguros, se suma la nube de odio de usuarios de las redes sociales, que confrontan a los periodistas, alentados de forma permanente por activistas de distinta índole y repentinos “influencer” que han crecido al amparo de la tecnología y el internet.

El panorama de los medios de comunicación y los periodistas no es fácil, hoy su capacidad de resiliencia está a prueba y su labor más que nunca adquiere valor agregado, porque frente al agobio de información y desinformación, de las “fake news” que proliferan en las redes sociales y en los discursos desde el poder; y frente al descrédito de una profesión que en muchos casos se ha vulgarizado porque ya cualquier espontáneo con un teléfono celular en la mano se autodefine periodista, se requiere el ejercicio genuino del periodismo, cuyo principal objetivo debe ser informar con la verdad y en su caso opinar con argumentos sólidos.

La revaloración de la actividad periodística debe ser objeto de mayores garantías de seguridad por parte de las autoridades que se dicen garantes de la Constitución en México y ¿por qué no?, una revisión de las condiciones laborales y contractuales en las que se desempeñan los periodistas, para que reciban una remuneración justa y tengan acceso a prestaciones sociales, pues la inmensa mayoría obviamente no está en esas listas divulgadas en “Las Mañaneras” en las que se señala a un “puñado” de comunicadores, presuntos beneficiarios de los privilegios del poder público y/o privado del pasado, lo que ha servido para denostar a la generalidad de periodistas y endilgarles hoy más que nunca el calificativo de “chayoteros” de forma injusta.