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Por Alejandro Barañano

Como se recordará, tras el artero asesinato de quien fuese el ombudsman en la entidad, Silvestre De la Toba Camacho, la fatídica tarde del 20 de noviembre del 2017, Lizeth Collins Collins quedó al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos –por Ministerio de Ley- justo cuando fungía como Primera Visitadora, y dos meses después de ese nombramiento otorgado y sin decir “agua va”, se aumentó el sueldo de forma irregular al doble; y ahí se comenzó a ver “como masticaba la iguana”.

Pues bien, el Congreso del Estado dejó sin efecto el procedimiento de elección del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California Sur, el cual concluyó con el Decreto 2531 que declaró electa a Lizeth Collins Collins sin más ni más.

La iniciativa presentada por el presidente del Congreso del Estado, diputado Ramiro Ruíz Flores, establece claramente que ello es “en cumplimiento de la Sentencia dictada en el Juicio de Amparo Indirecto tramitado bajo el expediente 489/2018 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado”.

Ahora bien, son varios los que quieren y buscar convertirse en el nuevo ombudsman de la entidad, pero todos traen cola que pisarles, y si no lo cree pues ahí le van unos datos.

Comencemos con Rebeca Lizette Buenrostro Gutiérrez, quien curiosamente omitió en su pretensión mencionar que actualmente es servidora pública adscrita al Gobierno del Estado de Baja California Sur, esto concretamente a la Dirección de Recursos Materiales de la Subsecretaria de Administración, lo que es acreditado con el escrito signado por Juan Manuel Romero Taylor , director general de Recursos Humanos de la Subsecretaria de Administración con fecha 20 de abril 2018, documento que se encuentra como anexo en el Juicio de Amparo en Revisión 667/2018 ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo-Sexto Circuito

Además la misma Rebeca Lizette Buenrostro Gutiérrez fue Secretaria Técnica y Ejecutiva en la Comisión Estatal de Derechos Humanos -del 2001 al 2005- institución a la que demandó laboralmente por despido injustificado en el periodo de Jordán Arzola -Juicio 104/2006 – obteniendo un laudo a su favor en el año de 2014 por una cantidad cercana a un millón de pesos. ¿Qué tal?

Otro aspirante es Elías Manuel Camargo Cárdenas, mismo que fue señalado como falto de ética al guardar silencio en el Juicio de Amparo 489/2018 promovido en el Juzgado Primero de Distrito, pues su asesor jurídico curiosamente es la misma persona que actualmente se encuentra como laborando en el Congreso del Estado, y lo grave es que tuvo intervención directa en el dictamen de selección, lo cual por notoriedad es un conflicto de intereses. ¿O no?

Otra interesada en ser la titular de la CEDH es Silvia Zulema Cota Gabilondo, quien actualmente funge como Coordinadora de Derechos Humanos Municipal, y quien al no hacer valer sus derechos como tercera interesada en el amparo indirecto 489/2018 del Juzgado Primero de Distrito, indicó ante propios y extraños su falta de responsabilidad social, congruencia y calidad profesional al pretender defender los derechos humanos de terceras personas

Por otro lado a Antonio Gutiérrez Sainz –otro que busca ser presidente de la CEDH- se le “olvidó” mencionar que actualmente presta sus servicios profesionales en las oficinas del Sistema DIF Estatal, situación que se acredita con oficio firmado por Karla Azucena Nieto Ramírez, quien es la jefa de Departamento de Normatividad y Transparencia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en la media península, el cual es de fecha 29 de mayo del 2018 y que se encuentra en el anexo 382 del Juicio de Amparo Indirecto 489/2018 del Juzgado Primero de Distrito. ¡Quihubole!

¿Qué se puede decir de la también aspirante Alicia Nuñez Escobar? Bueno, que sus antecedentes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos son haber sido Secretaría Ejecutiva, Secretaría Técnica y Consejera en el periodo 2002-2007, pero que no hay que olvidar que demandó laboralmente a la institución en el año 2006 por despido injustificado obteniendo laudo favorable el 3 de julio del 2010 por la cantidad de un millón de pesos bajo el expediente 343/2009. Ahí nada más dejo el dato.

Para muchos Luis Dario Yarto Chávez tiene una experiencia profesional como litigante que es lo que marca la diferencia con los demás contendientes, esto al hacer valer por los cauces institucionales la defensa a la violación a sus derechos humanos, lo cual es un precedente no solo en Baja California Sur sino en el país, ya que al quedar nulo el decreto 2531 otorga certeza jurídica a todos participantes a una elección democrática, por lo que se dice que su perfil profesional es el más adecuado para ser fiscal del sistema anticorrupción. Pero habrá que ver qué sucede.

Y ya para concluir con la entrega del día de hoy, nombraremos a la mismísima Lizeth Collins Collins, quien generó todo un conflicto de intereses al tener información privilegiada, no pública con la que los otros candidatos no cuentan, así como hacer uso de recursos humanos, materiales y financieros para interés personal, y por adjudicarse el título de encargada de despacho por designación propia, y que tiene a su haber denuncias penales por discriminación, intimidación y lo que le resulte, esto además de dos quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y un Amparo en Revisión –el 649/2018-  interpuesto por el Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Así que estimado lector podrá usted percibir que hay de todo como en botica en este asunto, y ojalá que los magnánimos legisladores locales se pongan las pilas al respecto, pero sobre todo que no lleguen con mariachis o batucada para festejar a quien resulte designado como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tal y como parece que es la moda; por lo que mejor quien esto escribe seguirá BALCONEANDO. . .