Por Ariel Vilchis Avilés
Tomar la decisión de paralizar el transporte público de la ciudad de La Paz capital del estado de Baja California Sur, es un acto de total irresponsabilidad. Dejar inmovilizados a miles de estudiantes y trabajadores, quienes no llegaron a sus centros educativos y laborales, pone de manifiesto la falta de sensibilidad y compromiso con los usuarios de parte de quienes se han beneficiado con concesiones de transporte público.
El argumento de los transportistas de un aumento a la tarifa por la prestación de su servicio ya se ha discutido y por el momento se encuentra a la espera de un estudio técnico que valore su factibilidad. Sin embargo los concesionarios, con una medida arrogante, poco profesional e ignorando por completo los usuarios -por no decir que poco les importa- se negaron a prestar su servicio la mañana de este lunes, ocasionando desconcierto entre cientos de personas a las que no les quedó otra opción que caminar a sus centros de trabajo y educativos, imagen que se pudo observar en distintas calles de la ciudad.
No es un secreto que la mayoría de las unidades están en pésimo estado, que los operadores no están calificados, que ignoran la ley y los reglamentos en cuanto a las medidas de seguridad y capacidad de las unidades y, ante todo eso, aún tienen el descaro y la desfachatez de pedir, exigir, un aumento a la tarifa de un servicio que solo cumplen a medias.
Me parece que equivocan la estrategia los concesionarios del transporte público de La Paz. Deben encontrar en otros derroteros lo que buscan con mayor facilidad en un aumento de su tarifa. Mencionare solo tres, que a mi parecer resolverían dicho problema; En primer término unidades modernas representarían un ahorro sustentable tanto en combustibles como en refacciones, lo que permitiría una mayor ganancia a los concesionarios de transporte público; Segundo, los concesionarios pueden arrendar el derecho de explotación de su concesión, pero este punto ya implica que la ganancia se divida, esto sin contar el pago de un chofer, si quien arrenda no opera la unidad, “más división de ganancia”; un tercer punto es el que se encuentra en la ley de transporte, pero ningún concesionario de transporte denominado “Peceras” lleva a cabo: el uso de boletaje. Llevar un control de los ingresos elimina la posibilidad de fugas, cuentas claras, mejor administración, más ganancia. En ningún punto se contempla aumento de tarifa.
Causar desorden, caos, confusión, trastocar el derecho de la mayoría no debe permitirse. Los concesionarios tienen derecho a manifestarse pero no a costa de violentar el derecho de los usuarios de transporte público. No deben olvidar que usufructúan una concesión y que la ley es clara: el servicio debe ser en forma continua, uniforme, regular y permanente para el transporte de pasajeros, de no darse la anterior premisa es causa para la revocación de las concesiones de servicio público de transporte, suspender el servicio público concesionado, sin previa autorización de la Dirección de Transporte. Lo sabe Sara Barocio García, dirigente de CANACOPE, responsable del paro de transporte que dejó a miles de usuarios sin movilidad en la ciudad de La Paz, sin importarle en lo más mínimo la ley que tanto pregona en su defensa pero que ignora a su conveniencia. Veremos que reacción tiene la Unidad de Transporte y Movilidad del gobierno del estado y el ayuntamiento de La Paz ante las acciones emprendidas por los transportistas.
Es innegable que el gobierno del estado debe entrarle al tema, la ciudad de La Paz ha crecido de manera desordenada en los últimos años, permitido por administraciones municipales de todos colores. De ahí la necesidad inaplazable e inevitable de un ordenamiento del transporte público en la capital, aspectos como nuevas rutas o una reorganización de los concesionarios como se ha diseñado en otros estados de la república en los que se plantea convertir a los concesionarios en empresas en las que las ganancias y las pérdidas se compartan entre los socios o accionistas.
De lo contrario, se debe plantear de manera seria una reforma integral de la ley que lleve a liberación del trasporte Público. Ahí puede estar la solución. Al tiempo…
Entre líneas
De autorizar el ayuntamiento un aumento en el transporte público, al vapor y en lo oscurito, sin el sustento del dictamen técnico y sin haber cumplido los transportistas con los acuerdos del anterior aumento, darán las autoridades municipales un golpe más a la confianza ciudadana, sin mencionar el posible conflicto de intereses que podría representar que miembros del cabildo o de la actual administración municipal cuenten con concesiones de transporte público. Lo cual será motivo de otra entrega de su Buró Político.
ROSTROS Y PERFILES 