
La situación de las dunas de San Sebastián en Todos Santos ha escalado hasta el Congreso de Baja California Sur, donde activistas ambientales y organizaciones de la sociedad civil han denunciado la inacción de autoridades federales ante la destrucción de este ecosistema vital. La controversia gira en torno a un desarrollo inmobiliario que, según los denunciantes, evade la ley para construir en una zona de alta fragilidad ecológica.
Las dunas costeras de Baja California Sur, que representan más de una cuarta parte del total nacional, no solo son un escudo natural contra los embates del mar y los fenómenos meteorológicos, sino que también son cruciales para la regeneración de las playas, la recarga de mantos freáticos y la preservación de una biodiversidad única. Sin embargo, su importancia no ha evitado que sean el blanco de proyectos inmobiliarios. La Comunidad de Aprendizaje y Acción en Planeación Territorial, un grupo de colectivos y especialistas, ha reportado que el 80% de la duna de Cerritos-Pescadero ya ha sido afectada, una situación que temen se repita en San Sebastián.
Ante el aparente estancamiento de las denuncias en las instancias federales, la preocupación ciudadana será llevada a la máxima tribuna del estado. En voz de la Diputada Karina Olivas Parra y a través de un Punto de Acuerdo, la legisladora exhortará a las autoridades responsables a tomar medidas inmediatas para proteger el ecosistema.
El documento exige a la PROFEPA que actúe de inmediato, inspeccione la zona y, si se confirman los daños ambientales, ordene la clausura de las obras y presente las denuncias penales correspondientes. Asimismo, solicita a la SEMARNAT que aplique el Artículo 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para ordenar la clausura inmediata de las obras y revise los documentos del proyecto. Por su parte, al Ayuntamiento de La Paz se le exhorta a revisar y, en su caso, revocar las licencias de construcción otorgadas en la zona.
Finalmente, el Punto de Acuerdo busca establecer una mesa de trabajo permanente entre las distintas dependencias y la sociedad civil, con el fin de crear estrategias conjuntas para la protección de las dunas, la flora y la fauna, y evitar el tránsito de vehículos en las zonas de playa.
La situación en Todos Santos resalta la creciente tensión entre el desarrollo turístico y la conservación ambiental en Baja California Sur, y pone en el centro del debate la eficacia de las leyes de protección ecológica y la respuesta de las autoridades ante las denuncias ciudadanas.