- El panista es investigado por abuso de confianza, fraude y peculado, relacionado con una cifra que supera los 1,200 millones de pesos.
Elementos de la Fiscalía General del Estado de Baja California realizaron un cateo en un domicilio propiedad del exgobernador Francisco Vega de Lamadrid, luego de la denuncia penal que fue presentada en su contra por la Auditoría Superior del Estado por delitos de malos manejos de los recursos de la entidad.
Aproximadamente desde el medio día de este viernes inició la diligencia en la casa ubicada en el fraccionamiento Cumbres de Juárez en Tijuana, sin que hasta el momento se haya concluido la revisión del inmueble. Los primeros reportes indican que al interior de la vivienda no se encontraba ninguna persona, sin embargo agentes estatales ingresaron al lugar y la zona se encuentra acordonada.
Cabe mencionar que la esposa del exmandatario panista, Brenda Ruacho de Vega, también fue denunciada por presuntos desvíos de recursos que eran para el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, desde noviembre de 2019, cuando el gobernador Jaime Bonilla formalizó a través de vías judiciales las críticas que lanzó durante la campaña electoral del año pasado.
La denuncia contra su antecesor también involucra a algunos de los excolaboradores cercanos a Vega de Lamadrid. Los otros acusados son: Bladimiro Hernández Díaz, quien se desempeñó como secretario de Finanzas y Loreto Quintero, que fuera exoficial Mayor, y quien hoy ostenta el cargo de diputada.
Kiko Vega respondió en noviembre a través de un comunicado asegurando que está en «total disposición -como siempre lo he hecho- de responder y atender a las autoridades correspondientes, con el propósito de que se esclarezcan los hechos que se mencionan en la denuncia». Y aseguró que los «actos del gobierno que tuve el honor de encabezar, fueron transparentes y apegados a la legalidad».
A mediados de enero de este año, Jaime Bonilla confirmó la denuncia y detalló que sería investigado por los delitos de abuso de confianza, fraude y peculado, relacionado con una cifra que supera los 1,200 millones de pesos. «La Fiscalía estatal trae las investigaciones», dijo entonces el gobernador de Baja California. Inf. de La Política On Line
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