Por Alejandro Barañano
En días pasados se generó una agría polémica en el Congreso del Estado debido a que los legisladores Camilo Cantú Mejía, Rosa Delia Cota Montaño y Guadalupe Rojas Moreno, presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo para que diera explicaciones el titular de Finanzas, Isidro Jordán Moyrón, sobre una serie de señalamientos otorgados por parte de la Auditoria Superior de la Federación.
Lo anterior, basado por los trabajos que esa institución realizó a fin de vigilar el adecuado uso de los recursos públicos de origen federal, llevando a cabo una auditoría a una decena de fondos federales que le fueron entregados al Gobierno del Estado en el año 2016, y donde se dice se encontraron graves irregularidades por el equivalente a un monto superior a los mil 227 millones de pesos.
Los tres diputados locales señalaron en su exposición de motivos que los rubros donde mayor cantidad de dinero no se había comprobado fueron en las participaciones federales, y que esto ascendió a los 585 millones 522 mil pesos solo en lo referente al pago a profesores de distintos niveles educativos, por un monto a los 215 millones de pesos.
Pero el escándalo mayor fue en el rubro de Seguridad Pública, pues ahí se detectó un recurso de 163 millones recibidos y en donde se encontraron irregularidades por el orden de los 106 millones de pesos, y este dato fue otorgado por la misma Auditoria Superior de la Federación en su informe presentado a finales del año 2017, así que ni para donde hacerse.
La cosa no para allí, pues la Auditoria Superior detectó además que tres fondos corresponden al Sector Educativo, encontrándose desvíos importantes por la cantidad de 297 millones 559 mil pesos en lo relativo al programa de Escuelas de Tiempo Completo, Organizaciones y Centros Educativos y para la Educación Tecnológica.
En el caso de las anomalías encontradas en el renglón de Seguridad Pública, es porque también se registran desvíos en el renglón penitenciario por un monto de 16 millones 350 mil pesos para un sistema de video vigilancia que a finales de junio 2017 no se había instalado, esto cuando era una inversión que debía haberse ejecutado en el año 2016; e igualmente se registró un gasto más no comprobado por otros 2 millones 346 mil pesos por concepto de uniformes de custodios que no fueron entregados, aunado a un millón 816 mil pesos adicional para pago de pólizas de servicios de radiocomunicación.
Además en su Proposición con Punto de Acuerdo, los tres legisladores acotan que los desvíos y malos manejos registrados por la Auditoría Superior de la Federación abarcaban otros rubros más, como lo son Obra Pública donde registraron irregularidades en la rehabilitación de Palacio de Gobierno y tres proyectos no licitados, y en el Fondo de Aportaciones para Infraestructura en Zonas de Alta Vulnerabilidad donde se detectó no solo obra inflada sino incluso, mal hecha.
Hasta ese momento todo parecía indicar que la petición de comparecencia de Isidro Jordán Moyrón solicitada por parte de los legisladores Camilo Cantú Torres, Rosa Delia Cota Montaño y Guadalupe Rojas Moreno estaba bien sustentaba y “por demás planchada” por lo que no podía ser negada, pero no contaban que se enfrentarían a la “artillería pesada” del Partido Acción Nacional y a su “escuadrón metralla” de Renovación Sudcaliforniana que simple y llanamente les votaron en contra, echando por tierra la solicitud de comparecencia bajo el argumento de qué se encontraba en etapa de solventación.
La primera que salió al quite del secretario de Fianzas fue la diputada Maritza Muñoz Vargas, quien subrayó que en el proceso que lleva a cabo la Auditoria Superior de la Federación se establece únicamente la presunción de posibles daños a la Hacienda Pública, pero no así la existencia de desvíos de recursos como se expuso en la Proposición con Punto de Acuerdo de Camilo Cantú, Rosa Delia Cota y Guadalupe Rojas.
El siguiente en la caja de bateo fue el mismísimo presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Blanco Hernández, quien comentó que una vez que se concluya con el famoso proceso de solventación, sería llamado a rendir cuentas Isidro Jordán Moyrón, y que si no lo hacen en este momento es porque son responsables y bajo ningún motivo pueden prejuzgar.
Por su parte el diputado Joel Vargas Aguiar al hacer uso de la voz en la máxima tribuna, sentenció que de lo que se trata en el fondo –esto con respecto a la comparecencia del secretario de Finanzas- era realizar un ejercicio de autonomía de poderes, de vigilancia y de rendición de cuentas, pero no fue suficiente pues aunque sufragó a favor la “artillería pesada” del PAN y el “escuadrón metralla” de Renovación Sudcaliforniana los arrasó.
En conclusión, fueron quince votos en contra y seis a favor por lo que no fue aceptada la Proposición con Punto de Acuerdo de Camilo Torres, Rosa Delia Cota y Guadalupe Rojas, y con ello Isidro Jordán Moyrón podrá seguir tranquilo en la Secretaría de Finanzas haciendo la tarea de la famosa solventación, y mientras esto sucede quien escribe mejor seguirá BALCONEANDO. . .
ROSTROS Y PERFILES 