Por primera vez, en 64 años de historia, una mujer tomó las riendas de Exportadora de Sal, la última empresa de participación estatal adscrita a la Secretaría de Economía.
Redacción
La química Felipa de Jesús Quiñones lleva tres semanas como encargada de despacho, a propuesta del director saliente, Xavier Lazcano.
Originaria de Mulegé, ingeniera química graduada en la universidad estatal, Felipa de Jesús Quiñones ingresó a ESSA hace 32 años, estuvo a cargo de la dirección de operaciones desde el 2015 y recibió el visto bueno del consejo de administración. Un aval condicionado, pues en la última sesión de ese órgano entró la propuesta de instaurar una comisión ejecutiva, que sería la instancia en la que tomarían las decisiones más importantes.
Ese órgano intermedio tendría los votos suficientes para conducir los destinos de la salinera mexicana y también la confianza de los socios japoneses —Mitsubishi tiene 49 por ciento de las acciones de ESSA— para afrontar los problemas de la empresa de Guerrero Negro: el emplazamiento a huelga tramitado recientemente por el sindicato, adscrito a la CROC.
Las pérdidas operativas, en primerísima instancia, pero también el riesgo de una quiebra técnica ha movilizado a la organización sindical, encabezada por Luis Martín Pérez Murrieta, que aglutina a 1,300 trabajadores administrativos y de campo. Y es que Felipa de Jesús Quiñones, enterada del último estado financiero de ESSA, estaría a favor de pagar los adeudos de la paraestatal.
Los laudos laborales son lo de menos. Reportes de las áreas jurídica y de contabilidad apuntan a que los compromisos de corto plazo podrían superar los 800 millones de pesos. Además del emplazamiento a huelga, la encargada de despacho debe afrontar dos compromisos ineludibles: las indemnizaciones que reclaman Corretaje Marítimo Sudamericano e Innofood, en dos disputas mercantiles que resolvieron tribunales de Estados Unidos e Inglaterra contra la paraestatal mexicana.
A la fecha, ESSA tiene pendientes seis demandas y laudos perdidos y otras tantas en camino de resolverse sin que el consejo de administración, la Coordinación de Minas o la Secretaría de Economía acepten acuerdos conciliatorios. Los estados financieros de la empresa revelan que podría perder hasta 13 mil millones de pesos, aunque esa cifra podría subir drásticamente por daños calculados en dólares.
En los últimos dos años, han sido despedidos de manera súbita e injustificada una docena de funcionarios, los cuales en su mayoría demandaron la ilegalidad de tal actitud, mismos que han ido ganando todas sus demandas.
Con información de Alberto Aguirre / El Economista
ROSTROS Y PERFILES 