
El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Silvestre de la Toba Camacho aseguró que de acuerdo a los registros del Sistema Institucional de Información Estadística, la tortura creció 846 por ciento en este periodo, al pasar al pasar de 266 casos en el 2012, a dos mil 515 entre, los meses de enero y agosto de 2016, por lo que urgió poder contar con un andamiaje legal solido que prevenga y sancione la tortura, tanto en el contexto nacional como internacional.
En el marco de la inauguración de la conferencia “Marco jurídico nacional e internacional para prevenir y sancionar la tortura y la declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes” que dicto el maestro en derecho Javier Agustín Valencia López, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Toba Camacho especificó que los estados con mayor número de denuncias por estos delitos son; Jalisco con mil 363; Tamaulipas con mil 166; Veracruz con 734; Baja California con; Estado de México con 668; y, Nuevo León 641, y expresó su preocupación por el nivel de aumento que ha tenido la tortura en los años recientes, en tanto la Procuraduría General de la República tiene asignados a tan sólo 44 elementos del Ministerio Público a la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura y hay según datos, nueve mil 935 averiguaciones previas por el delito de tortura iniciadas entre enero de 2012 y agosto de 2016 y que aún esperan ser investigadas por lo que la carga de trabajo Equivale a que cada elemento del Ministerio Público debe investigar 225 casos a la vez.
Dejo en claro, que si hay una violación flagrante a los derechos humanos y a la dignidad de la persona humana, es la tortura una práctica abominable que ha llegado a grados imaginables de crueldad y de atrocidad, un flagelo para la humanidad del que ninguna región del mundo ha podido librarse.
En este acto el subsecretario de gobierno Esteban Beltrán Cota, representante del gobernador Carlos Mendoza Davis aseguro que Baja California Sur ve con buenos ojos la aprobación de la Ley General para Investigar y Sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, misma que contempla los defensores de derechos humanos y periodistas como personas en situación de vulnerabilidad brindándose mayor protección para estas y dijo el gobierno de Carlos Mendoza estará muy atento en espera de que entre en vigor para generar acciones que permitan su sociabilización.
En el evento también estuvieron Claudia Andrea Martínez, subprocuradora de averiguaciones previas en representación del Procurador de Justicia; Mayra Mesina Vázquez en representación del subsecretario de seguridad pública y Jorge Luis Yépez Guzmán, en representación de la vocal titular del INE.